La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México expresó su preocupación por la crisis que presentan hoy los penales del estado de Guerrero, donde hay peleas, distribución de droga y descontrol de la seguridad interna.
En un documento dirigido al gobernador local, Ángel Aguirre, la CNDH da cuenta de las condiciones en las que operan los centros regionales de reinserción social de Iguala y Chilpancingo, así como en el Centro de Readaptación Social de Acapulco.
La entidad señaló fallas como la deficiente separación entre hombres y mujeres, carencias de atención médica para los internos, y la pobre supervisión de las instalaciones por parte de los responsables.
Este domingo la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero reconoció que en las prisiones de la entidad federativa hay grupos de la delincuencia organizada que tratan de tener el control de los internos para la venta de droga.
Por eso se realizan operativos para acabar con este tipo de situaciones y evitar el ingreso de material ilegal al interior de las cárceles, señaló la dependencia.
Ante esas condiciones, la CNDH señaló al mandatario estatal las limitaciones para prevenir y atender incidentes violentos, la insuficiencia de elementos de seguridad y la existencia de autogobiernos en las prisiones del estado.
Según el organismo defensor de los derechos humanos, la falta de atención inmediata a las irregularidades mencionadas contribuyó a los acontecimientos de los días 3 y 6 de enero.
Durante la primera semana de este año, varios hechos violentos dejaron un saldo de 15 muertos en tres penales de la entidad: 11 en el de Iguala, tres en el de Acapulco y uno en Chilpancingo.
En medio de esa situación se produjo la renuncia del titular de Seguridad Pública de Guerrero, Sergio Lara, tras solo seis meses en el cargo.
