El procurador general de la República de México, Jesús Murillo, informó hoy que están a la espera de que el gobierno estadounidense solicite una orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington.
De acuerdo con el titular de la Fiscalía, hasta anoche no le había llegado la solicitud de Estados Unidos, pero refrendó la colaboración con ese país al asegurar que los apoyarán en cualquier investigación.
La Casa Blanca anunció recientemente la búsqueda y orden de detención contra Yarrington, quien podría ser condenado a 65 años de cárcel en caso de ser hallado culpable de los cargos que se le imputan.
El exgobernador, junto con el empresario Fernando Cano, es acusado de diversos delitos, entre ellos el de conspirar para violar las disposiciones de la Ley de Organizaciones Corruptas, así como de conspiración para lavar dinero.
Luego de la inauguración de un Simposio Internacional contra la Explotación Infantil, Murillo recordó que hace tiempo existía una orden de aprehensión en México contra el exmandatario estatal, la cual se suspendió debido a un amparo.
Comentó que la Procuraduría actúa en función de la evidencia para aplicar justicia, por lo que si Estados Unidos solicita la colaboración para ubicar a Yarrington, la dependencia colaborará.
La acusación, que resume varios años de investigación de agencias norteamericanas, expresa que el exgobernador habría aceptado sobornos de los cárteles mexicanos del narcotráfico y habría ayudado a esas organizaciones criminales a contrabandear drogas y lavar en Texas el dinero obtenido por su venta.
De acuerdo con los documentos dados a conocer ayer, los procuradores federales estadounidenses atribuyen a Yarrington el presunto contrabando de grandes cantidades de cocaína a través del puerto mexicano de Veracruz hacia Estados Unidos, entre los años 2007 y 2009.
La denuncia hace responsable al exgobernador de Tamaulipas por su supuesta colaboración con tres cárteles del narcotráfico: el del Golfo, el de los Zetas y el de los Beltrán Leyva, rivales entre sí.
En el caso de Cano, las autoridades lo consideran como presunto cómplice en operaciones de lavado de dinero y le atribuyen haber creado empresas en Texas para adquirir propiedades con el monto recibido de los cárteles.
De ser enjuiciados y declarados culpables, cada uno de ellos enfrenta una sentencia de hasta 20 años de prisión por crimen organizado y lavado de dinero, y hasta 30 años por cargos de conspiración para cometer fraude bancario.
Por su parte, Yarrington podría estar ante otra sentencia de 10 años de cárcel por los cargos de conspiración para traficar drogas.
