El Ejecutivo estatal envió al Congreso del Estado de Puebla, a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG), una propuesta de modificación al Decreto de Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, de fecha 17 de junio de 2011, a fin de evitar la posible duplicidad en la aplicación de normas procedimentales para una misma región judicial, con la entrada en vigor del Código Procesal Único, de aplicación en todo el país y la consecuente coexistencia, en el corto plazo, de dos ordenamientos procesales en materia Penal.
De esta manera, Luis Francisco Fierro Sosa, titular de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia (CEAMPAJ), informó que el Gobierno del Estado trabaja para ofrecer a la sociedad poblana «un modelo de justicia más ágil, humano, transparente y eficiente; avanzando hacia un nuevo sistema penal cuya característica más representativa son los juicios orales».
Para lograrlo se requiere reformar y crear nuevas leyes sobre Seguridad Pública y Justicia Penal, además de la construcción de Casas de Justicia, espacios para tribunales y capacitación dirigida a los servidores públicos que aplicarán este nuevo esquema de trabajo legal, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Federación.
Al poner a Puebla a la vanguardia legislativa en este tema, se pondrá también en sintonía con los cambios que el H. Congreso de la Unión realizará en el próximo periodo de sesiones y que se reflejará en el Código Procesal Penal Único, aplicable en todo el país, del que se desprenderán otras leyes sobre medios alternativos para solucionar conflictos derivados de delitos, así como el seguimiento que los jueces hacen a los sentenciados.
Esto se prevé porque en sesión del pasado 17 de julio de 2013, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó el Decreto que Reforma la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se faculta al Congreso de la Unión para expedir los ordenamientos mencionados.
Cabe resaltar que la nueva legislación federal debe ser aprobada por las Legislaturas de los Estados y, de ser así, explicó Fierro Sosa «en Puebla se tendrán que realizar los ajustes necesarios y resolver en función de los tiempos en que estarán vigentes las leyes penales, por ejemplo, se trata de evitar que existan dos legislaciones procesales en materia penal para una misma región judicial, de manera concreta la Norte, con sede en la zona de Huauchinango, y la Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, que son las próximas en echar a andar la nueva forma de hacer justicia penal».
Ante este escenario, el Gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, dispuso presentar de manera oportuna ante el H. Congreso del Estado, una iniciativa para diferir el inicio del sistema en ambas jurisdicciones: Huauchinango e Izúcar de Matamoros, que de aprobarse entraría en vigor a partir del 21 de mayo de 2014.
Lo anterior, expuso el titular de la CEAMPAJ, «debido a que son los plazos considerados para que los legisladores federales integren la iniciativa respectiva y en general concluya el proceso legislativo federal, mismo que además dispondrá de un plazo de 180 días para que los estados armonicen su legislación secundaria y reglamentaria, tarea que puntualmente Puebla y sus Poderes atenderán conforme a los procedimientos de ley».
El funcionario precisó que «Puebla es una de las entidades con una legislación penal ejemplo a nivel nacional para adoptar el nuevo Sistema Penal acusatorio y cumplir con el debido proceso y la presunción de inocencia, bases de la Reforma».
Cabe resaltar que esta normatividad se concretó en un trabajo coordinado entre los tres Poderes Públicos locales, en julio de 2012.
De esta manera, el Ejecutivo del Estado confía plenamente en que con esta propuesta se sincronizará adecuadamente la implantación del nuevo Sistema de Justicia Penal en Puebla, en beneficio de la sociedad para lograr una mayor certeza jurídica.
