A pesar del optimismo del gobierno por la reducción de crímenes, la ola de violencia persiste en gran parte del país. Los responsables de hacer frente al crimen organizado mantienen la misma estrategia de lucha, en lugar de diseñar una política que tenga como base el restablecimiento del tejido social, educativo y económico, aseguró el senador Miguel Barbosa Huerta.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República señaló que si la política pública de seguridad no incluye como elemento sustancial a las personas, es contradictoria con el sentido que corresponde en un Estado constitucional y democrático de derecho.
Barbosa Huerta afirmó que una estrategia contra la criminalidad sólo será efectiva en sus acciones de prevención y erradicación, si tiene como objetivo el restablecimiento del tejido social en las comunidades.
«La seguridad del Estado es también la de sus propios integrantes, y éste se legitima en la medida en que es capaz de dotar de seguridad en sus derechos, integridad, posesiones y propiedades a la sociedad», dijo.
El también presidente del Instituto Belisario Domínguez señaló que a cuatro meses de iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto aún no se conoce la política criminal que aplicará la administración, ni el secretario de Gobernación ha presentado al Senado los pormenores de la misma.
El senador del PRD se refirió a las cifras dadas a conocer recientemente por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sobre la reducción del 47 por ciento de los índices de criminalidad en el primer cuatrimestre de este año.
«A contracorriente del optimismo y las cifras oficiales, la ola de violencia permanece en el país, basta recordar las recientes muertes en los estados de Michoacán, Guerrero, Chihuahua y el propio Estado de México, de donde es originario el Presidente de la República», indicó.
Miguel Barbosa comentó que la disminución de los índices delictivos vertidos por Gobernación «no tendrán una repercusión real mientras se mantenga la misma estrategia de combate al crimen organizado. Desde hace cuatro meses los responsables han cambiado, pero las circunstancias, por desgracia, son iguales».
Insistió en que es urgente contar con una estrategia de seguridad distinta a la seguida hasta ahora, que ponga énfasis en la prevención del delito a partir de esquemas de inclusión social y que en el aspecto punitivo privilegie el respeto a los derechos humanos, con metas a corto, mediano y largo plazo.
Además – añadió el senador poblano – deben existir mecanismos de control y evaluación de resultados de manera transparente hacia la sociedad.
Comentó que la política en la materia en los aspectos preventivos debe contemplar elementos para garantizar el respeto a las libertades, la participación social y los esquemas de bienestar de quienes lo componen.
La prevención, además, es una tarea que involucra aspectos no solamente punitivos, sino acciones de carácter social, educativo, de desarrollo económico.
Expuso que el PRD en el Senado de la República contribuirá a poner un alto a la inseguridad e hizo un llamado al secretario de Gobernación a presentar la política criminal que plantea seguir el Gobierno de Enrique Peña Nieto, misma que deberá incluir la correspondiente estrategia de seguridad pública.
