México, D.F.- Ante el grave deterioro de los organismos encargados de la procuración e impartición de justicia en el país y la protección política a la delincuencia organizada, senadores del PAN proponen reformas a diversos artículos la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para imponer sanciones penales y administrativas más severas a los servidores públicos que colaboren con el crimen organizado.
La iniciativa de reformas a ambas leyes para imponer sanciones ejemplares a aquellos funcionarios que traicionen la confianza de los ciudadanos y para que por ningún motivo queden sujetos a los beneficios que establece el actual sistema legislativo, fue presentado en tribuna por el Senador, Francisco García Cabeza de Vaca a nombre del grupo parlamentario del PAN.
El proyecto lo suscriben los también Senadores Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano Alarcón, Ernesto Ruffo Appel, Fernando Yunes Márquez, Víctor Hermosillo y Celdas; Luis Fernando Salazar Fernández y Fernando Herrera Ávila y propone también evaluaciones periódicas a los jueces y demás impartidores de justicia, eliminar los beneficios de pree liberación del que gozan otros reos o se les imponga cárcel sin reducción de sentencias por buena conducta en prisión.
En la exposición de motivos de la iniciativa se argumenta que: «Los mexicanos demandamos que las autoridades asuman un claro compromiso para contar con instituciones sólidas, eficaces y honestas, así como para replantear los mecanismos necesarios para poner fin a la impunidad y a la corrupción. Resulta indignante observar de manera reiterada cómo los servidores públicos de todos los rangos y responsabilidades de la administración pública, incumplen y distorsionan las funciones del servicio público, amasando fortunas que no corresponden con sus ingresos».
Entre los servidores públicos a los que se refiere el proyecto de decreto se podrán ubica todos aquellos que formen parte de la Administración Pública Federal, centralizada o del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos en los poderes Judicial Federal y del Distrito Federal, Gobernadores de los Estados, Presidentes Municipales, Diputados a las legislaturas locales y a los Magistrados de los Tribunales de Justicia.
Además de la propuesta que incluye sentencia máxima a los servidores públicos que participen con el crimen organizado, se propone imponerles la destitución e inhabilitación para desempeñar algún cargo posteriormente.
