La Comisión Política Nacional de la Central Campesina Cardenista Democrática (CCCD) se reunirá este viernes para analizar y tomar una decisión de suyo importante que, como medida extrema, terminaría en los próximos días con un plantón en las oficinas centrales de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y afectaría a los ciudadanos del Distrito Federal mientras dure el movimiento.
La protesta sería la forma cómo la organización respondería a la creciente inconformidad de 26 dirigencias estatales, las cuales se encuentran inquietas por la nula respuesta de la SEDESOL en varios programas sociales, principalmente en el de vivienda rural.
La dependencia encabezada por Heriberto Félix Guerra ha entregado apoyos a agrupaciones de membrete y/o con escasa presencia y trabajo en las comunidades rurales del país, en perjuicio de los agremiados de otras organizaciones, entre las que se encuentra la Triple C Democrática.
La Comisión Política Nacional ha seguido los cauces institucionales, solicitando citas con el secretario Félix Guerra y sus colaboradores, sin embargo la respuesta ha sido nula, situación que provoca la impaciencia de los miembros de la organización y las dirigencias estatales.
Ha sido una política y práctica constante de la dirigencia de la Triple C Democrática, encabezada por Francisco Román Sánchez, ser un organismo propositivo, colaborativo y, sobre todo, de avanzada en su relación con los gobiernos de los tres niveles y las dependencias que de ellos emanan.
Sin embargo, las necesidades de la gente que asocia la CCCD, quienes han realizado y terminado sus trámites para ser acreedores de los apoyos del estado, tienen prioridad en estos momentos cuando las condiciones económicas de los más desprotegidos se vulneran cada día, sobre todo porque tienen derecho a dichos apoyos como parte de la población con menores oportunidades.
Salvo Baja California Sur, Colima, Coahuila, Durango, Zacatecas, Guerrero, Quintana Roo y Morelos, donde la capacidad de movilización de las representaciones de la CCCD es menor, el resto de las dirigencias estatales obliga a tomar una decisión que podría afectar, sin así desearlo, a los habitantes de la ciudad de México, en tanto no se dé una solución a las demandas de la organización.
