Published On: Vie, Mar 4th, 2011

Sigue transporte caro y malo

El lunes pasado, 28 de  febrero, se cumplieron 2 meses de que les fue autorizado a los concesionarios del transporte urbano un alza en el precio del pasaje, y pese a las reiteradas promesas de una mejoría, los resultados en lugar de ser mejores son peores, pues la chatarra se ha deteriorado más, las unidades siguen en pésimo estado sanitario, mecánico; los vidrios no corren, los asientos deteriorados y el servicio es malísimo. Los únicos que salieron ganando han sido los concesionarios, mientras miles de usuarios en Puebla padecen un servicio caro y malo, quizá el peor del país.

 La impunidad sigue siendo privilegio de los concesionarios, muchos de los cuales gozan de más de cien permisos y no se ha dado a conocer si pagan impuestos por los millonarios ingresos que tienen, porque respecto a sus obligaciones laborales, no ha habido ni autoridad estatal ni federal en la materia que los obligue a cumplir con lo que marca la Ley Federal del Trabajo, en materia de prestaciones y salario digno a sus operadores.

 En el Congreso del Estado está una iniciativa para derogar el anticonstitucional artículo 86 del Código de Defensa Social, que condena a los operadores del transporte urbano a no tener el derecho a fianza por accidentes imprudenciales, mientras el resto de los ciudadanos sí tiene ese derecho. Por ese injusto artículo, varios choferes están pagando en la cárcel, mientras que otros, dejando familia y su casa, han huido para no ser víctimas de tamaña injusticia.

 Pero los pasajeros están desprotegidos, en caso de accidente las aseguradoras ponen muchos obstáculos, mientras que los concesionarios no aceptan la responsabilidad compartida y en tanto varios operadores están en la cárcel, ningún concesionario ha perdido su libertad ni su concesión. Esto significa que, cuando menos en este aspecto, en Puebla no se ejerce el Estado de Derecho.

 Han pasado 60 días desde que se autorizó una nueva tarifa en el precio del pasaje urbano y el servicio está cada vez peor, y no se han dado operativos para obligar a concesionarios a cumplir con su compromiso de mejorar sustancialmente el servicio.

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