-El organismo participa de forma interinstitucional para agilizar la localización y brindar acompañamiento a las familias.
Como integrante del Comité del Protocolo Alba, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) fortalece las acciones de búsqueda inmediata de mujeres, adolescentes y niñas reportadas como desaparecidas, mediante la colaboración permanente con la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Este mecanismo prioriza una respuesta oportuna, bajo el principio de que cada minuto resulta fundamental para su localización.
El Departamento de Servicios Jurídico-Asistenciales del SEDIF proporciona a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares toda la información disponible en las bases de datos de los programas y servicios del organismo que pueda contribuir a las labores de búsqueda. Así lo informó el jefe del área, Armando Aguayo Calderón, al señalar que dicha colaboración se mantiene de manera permanente para fortalecer las acciones de localización.
Asimismo, brinda orientación, acompañamiento y asesoría jurídica a las familias durante este proceso, como parte del compromiso que impulsa la presidenta del Patronato, Ceci Arellano, de ofrecer atención cercana y humana a quienes atraviesan momentos de incertidumbre.
El Protocolo Alba constituye un mecanismo jurídico de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para acelerar la localización de mujeres, adolescentes y niñas. Su activación puede realizarse mediante denuncia escrita u oral ante la Fiscalía General del Estado o a través del número de emergencias 9-1-1, lo que permite iniciar de forma inmediata las acciones de búsqueda y fortalecer la protección de sus derechos.
Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad, protección y atención integral que promueve el gobernador Alejandro Armenta Mier para salvaguardar a la población más vulnerable. De igual forma, se alinean con la política de protección de los derechos humanos y acceso a la justicia impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el trabajo coordinado entre las instituciones.
