La Comisión Especial de Entrega-Recepción del ayuntamiento de Puebla, presidida por el regidor panista Pedro Gutiérrez Varela, dio a conocer que se detectó daño patrimonial en la gestión de la ex alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, presuntamente por mil 984 millones de pesos, concentrado en obra y seguridad pública, desarrollo social, la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información (SATI), así como en la Tesorería Municipal.
Pedro Gutiérrez señaló que su informe contiene 384 observaciones, de la cuales 102 son de naturaleza administrativa y 282 de presunto daño patrimonial, y fue aprobado al interior de la Comisión por cinco votos a favor y uno en contra, del priísta Octavio Castilla Kuri. Se dijo que el documento se someterá a discusión del Cabildo para que después sea enviado al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (OFS), a fin de que las irregularidades sean sustentadas por parte de los exfuncionarios o exdirectores de área en la gestión pasada.
Agregó que hubo inconsistencias en los programas: Fondo Idea, manejado por Desarrollo Social; el Sistema de Catastro, administrado por Tesorería y la Sati; el programa de Manos a la Obra, dependiente de Desarrollo Social; la construcción de la Laguna de Chapulco por parte de Sguop; Programa de Aplicación de Pruebas de Confianza de la Sspytm; y nóminas de escoltas de funcionarios.
Pese a esto, la declaración de los priístas no se hizo esperar, y acusan de campaña de desprestigio contra la hoy expresidenta municipal, donde los integrantes de la fracción PRI-Verde Ecologista del cuerpo edilicio calificaron el dictamen presentado por Gutiérrez Valera, como un documento «tendencioso, lleno de juicios de valor e irresponsable».
También se dijo que Octavio Castilla Kuri acusó de que la administración de Eduardo Rivera Pérez emprende una campaña mediática y de linchamiento político en contra de la ex edil Alcalá Ruiz, y criticó el trabajo del despacho de auditores Maldonado Santillana y Compañía, al señalar que la firma violó la Ley al dar un veredicto final sobre el estado del ayuntamiento, cuestión que sólo le compete al OFS.
El priísta pidió al edil Eduardo Rivera Pérez que fuera responsable en la conducción final del dictamen, el cual se votará a favor por parte de un cuerpo edilicio «cegado», cuestión que dañará no sólo al actual gobierno, sino también a los regidores de oposición.
Y ante esto, Ernesto Ramírez López, exasesor de Blanca Alcalá Ruiz, calificó como ridículas, absurdas e insostenibles las 384 observaciones por casi dos mil millones de pesos realizadas por la Comisión de Entrega-Recepción a la gestión capitalina anterior. Y aclaró; desviar mil 986 millones de pesos hubiera significado dejar de aplicar todo el presupuesto de egresos de un año o la recaudación de impuesto predial de seis años consecutivos o 50 años de captación del impuesto de Adquisición de Bienes Inmuebles (ABI).
También, subrayó, que los ciudadanos deben tener certeza de la transparencia y legalidad con la que trabajaron en la pasada administración capitalina, la cual estuvo encabezada por Alcalá Ruiz, quien garantizó que dará respuesta puntual a todas las observaciones, y lamentó que no se haya hecho un análisis serio, por lo que se comprometieron a resolver todas las dudas; al final, todos se abstuvieron de contestar las preguntas de los reporteros y dejaron la reunión.
