La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA) y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) establecieron un convenio de colaboración en favor de las personas víctimas u ofendidas de delitos, así como de familiares de personas desaparecidas o no localizadas, que tengan la calidad de trabajadores y que con motivo de la comisión del delito vean afectada su libertad o integridad física o psicoemocional, de tal forma que se comprometa su relación laboral.
Mediante este convenio, la PROFEDET se compromete a brindar orientación, asesoría, conciliación y representación jurídica a aquellos trabajadores o trabajadoras que han sido víctimas directas o indirectas de delitos, y que por esa razón enfrentan conflictos laborales.
La firma del convenio fue encabezada por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Rosalinda Vélez Juárez, quien fungió como testigo de honor y consideró de gran trascendencia este acuerdo, porque contribuye a la prevalencia del Estado de derecho y al mismo tiempo permite que las instituciones del Estado respondan con mayor sensibilidad a las necesidades de la ciudadanía.
La Procuradora Social, Sara Irene Herrerías Guerra, destacó la importancia de atender la problemática de las víctimas u ofendidos de delitos que enfrentan, entre otras consecuencias, la pérdida de sus derechos laborales, para que logren resignificar sus vidas.
El Procurador Federal de Defensa del Trabajo, Gustavo Hernández-Vela, mencionó que ambas instituciones comparten el objetivo de lograr el pleno ejercicio de los derechos de los trabajadores que han sido víctimas de la delincuencia y la reincorporación a su vida laboral.
Cabe mencionar que la Procuraduría Móvil de la PROFEDET, que acerca los servicios que ofrece a diferentes lugares del país, se trasladará en las fechas y lugares que previamente acuerde con PROVÍCTIMA, que a su vez cuenta con 16 Centros de Atención a Víctimas en el territorio nacional, para beneficio de sus usuarios y usuarias.
Otros puntos que establece el convenio se refieren al intercambio de capacitación entre ambas instituciones y la difusión de los derechos de las personas que trabajan y han sido víctimas directas o indirectas de delitos.
