Published On: Sáb, Jul 11th, 2015

Prosigue en EE.UU. batalla legal por acciones migratorias de Obama

obama-migracion

Washington.-La administración de Barack Obama solicitó hoy al Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones, en Nueva Orleans, Louisiana, que levante una orden que bloquea las acciones ejecutivas del mandatario en materia migratoria.

El panel de tres jueces -integrado por los magistrados conservadores Jennifer Walker Elrod y Jerry Smith, así como por Carolyn Dineen King, considerada progresista en temas sociales- escuchó los argumentos de los abogados del gobierno (Departamento de Justicia) y de Texas, donde fue emitida la orden con apoyo de otros 25 gobernadores estatales.

Los jueces no se pronunciaron inmediatamente, pero en todo caso la contienda legal en torno a este tema pudiera extenderse, pues cualquier de las partes tendría la oportunidad de apelar incluso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En representación del Departamento de Justicia, Benjamin Mizer sostuvo que Texas ni los otros 25 estados tienen capacidad legal en este caso pues la política de inmigración es jurisdicción gubernamental.

“Los estados no tienen ningún papel en la formulación de políticas de inmigración”, afirmó.

Analistas consideran que será muy difícil para la Casa Blanca ganar la pulseada contra una corte considerada una de las más conservadoras del país.

Aun en caso de un resultado desfavorable, el Departamento de Justicia puede recurrir al máximo tribunal, que recientemente dio un espaldarazo a las políticas de la administración Obama, al avalar la legalidad de la reforma de salud (ObamaCare) y el matrimonio igualitario.

En mayo, cuando el tribunal de Nueva Orleans se pronunció por primera vez sobre las medidas migratorias, la Casa Blanca renunció a presentar un recurso de urgencia en el Tribunal Supremo a la espera de la decisión final sobre la legalidad o no de los alivios.

Ante el inmovilismo del Congreso para adoptar una reforma migratoria integral, el 20 de noviembre pasado Obama firmó órdenes ejecutivas a fin de componer en lo posible el quebrado sistema migratorio, en el que aguardan por la legalización un estimado de 11 millones de personas.

Los dictámenes del mandatario buscan mediante un “programa de acción diferida”, amparar de manera temporal a los adultos sin papeles con hijos residentes o que sean ciudadanos de Estados Unidos, conocido por su sigla en inglés DAPA, a fin de evitar su deportación.

Otra decisión pretende hacer lo mismo con los denominados dreamers, jóvenes llegados al país siendo niños (DACA).

Tanto DACA como DAPA ofrecen a los indocumentados un permiso renovable de trabajo durante tres años, además de acceso a una tarjeta de Seguro Social y licencias de conducir en los estados que lo permitan.

Según el departamento de Seguridad Nacional, estos programas benefician a unos cinco millones de indocumentados.

Sin embargo, el 16 de febrero el juez de distrito de Texas Andrew Hanen decidió congelar las órdenes del gobernante y otorgó tiempo a una coalición de 26 estados para imponer una demanda dirigida a eliminar definitivamente dichas provisiones, lo cual fue mantenido por la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans en mayo último.