- La IBERO, la UNAM, la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, la Academia Mexicana de la Comunicación y la Benemérita Universidad de Oaxaca
El Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, la Facultad de Derecho y el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, la Academia Mexicana de la Comunicación y la Benemérita Universidad de Oaxaca, realizaron el seminario de verano 2021 Jueces y Democracia.
Durante la inauguración del seminario el Dr. Mario Cruz Martínez, académico del Departamento de Derecho de la IBERO, dijo que esta actividad abrió la oportunidad de emprender una discusión contemporánea sobre la función de las juezas y los jueces en los tiempos de la democracia mexicana.
En un país convulsionado por la violencia, la delincuencia y la corrupción, vale la pena reflexionar acerca del papel fundamental que los juzgadores juegan en la vida democrática de un Estado, pues son una pieza clave en la defensa de los derechos de los ciudadanos, mencionó la Dra. Sonia Venegas Álvarez, docente de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Como el artículo 17 constitucional establece que ninguna persona puede “o debe, diríamos”, hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, consecuentemente las y los jueces son los terceros imparciales que habrán de aplicar el derecho, siempre buscando proteger los derechos de las personas.
Sin embargo, señaló, en ocasiones los juzgadores son intimidados, reciben amenazas de grupos delincuenciales, son víctimas de coerciones e inclusive son privados de la vida. “Luego entonces, la labor jurisdiccional de los juzgadores se ve amenazada por estos factores externos, y yo creo que, desde la academia, nos pronunciamos por una administración de justicia libre de violencia”.
La presidenta de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, Mtra. Claudia de Buen Unna, comentó que se están viviendo tiempos convulsos, y este seminario no podría ser más oportuno y de mayor relevancia, con más razón por la reciente reforma publicada de la Ley Orgánica al Poder Judicial Federal, que genera un cambio de paradigma en la forma de impartir justicia federal.
Destacó que, con el fin de avanzar en el buen gobierno, la ciudadanía debe contar con la garantía de que las juezas y los jueces federales actúen con absoluta independencia, autonomía y libertad. Y aunque la división de poderes es un tema de contrapesos, esta división se está pretendiendo diluir “con los mensajes que recibimos todos los días desde Palacio Nacional”.
“Aludo también a la reforma que da lugar al seminario, de avance importante en muchos aspectos, pero preocupante (también), como puede ser que la decisión de admitir, por ejemplo, la revisión en los amparos directos quede en manos de la Oficina de la Presidencia, que ni siquiera del Presidente, y no del Pleno, lo que le daba un aire de legalidad que ahora extrañaremos”.
Es así que, dijo, hoy la independencia del Poder Judicial está en peligro con estas injerencias del Ejecutivo, lo que, además, ha generado amenazas personales a los juzgadores, directas a algunos. “Y se inicia en contra de los jueces, que otorgan suspensiones provisionales y definitivas, investigaciones sobre sus recursos, sus ingresos, sus egresos, etcétera, lo cual afecta su desempeño. Y nuevamente se rompe la independencia judicial”.
Tal intimidación lleva consigo “la amenaza de someterlos al escrutinio público, que puede incluso amenazar su seguridad personal y la de su familia, la amenaza de indagar cualquier falta, por pequeña que sea, y de juzgar al juzgador, rompiendo con la presunción de inocencia que todos gozamos en este país”.
Por eso, para combatir este flagelo, se requiere de un observatorio que esté permanentemente viendo que se respete el Estado de derecho; lo que hacen de facto los colegios de abogados y las instituciones académicas, que están pendientes de las actuaciones del gobierno, “a fin de ser un ojo crítico”.
El Lic. Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, añadió que la existencia de una sociedad democrática trasciende la organización de procesos de elección popular y la capacidad de emisión del sufragio, ya que también implica que los derechos inherentes a cada persona sean realmente vigentes y puedan ejercerse.
“Sólo mediante la aplicación y el cumplimiento de la ley, las libertades pueden ser efectivas y puede haber justicia en nuestra sociedad”. De ahí el papel tan relevante que los jueces “juegan” en la vigencia de los derechos humanos y en el fortalecimiento de una sociedad democrática, ya que ellas y ellos, los jueces, “son un elemento indispensable para que la ley se aplique y las normas puedan cumplir con su papel rector de convivencia social”.
Desafortunadamente, esto no sucede plenamente en la práctica, por la inseguridad, la violencia, la corrupción y la tolerancia al incumplimiento de la ley, que desde hace años aquejan al país, y que lejos de erradicarlos, la sociedad mexicana ha tenido que acostumbrarse a convivir con ellos.
Que por lo general la ley no se aplique y las autoridades en no muy pocas ocasiones no cumplan a cabalidad con sus obligaciones genera una impunidad fáctica, donde a pesar de que las normas existen, al igual que las instituciones, por alguna razón que trasciende o es ajena a lo jurídico, las mismas no se aplican o no operan.
“En todo ello, las y los jueces son el último bastión para prevenir la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad. Su actividad es clave para que sean las leyes, y no las discrecionalidades o voluntades caprichosas, las que rijan las vidas de las personas en sus múltiples aspectos”.
González consideró entonces preciso, reflexionar y construir una nueva forma de convivencia, que se refleje y materialice en una sociedad en la que encuentren cabida la paz, el respeto a los otros, el debido ejercicio de los derechos, el oportuno cumplimiento de obligaciones, la tolerancia, la solidaridad, el respeto al disenso y la inclusión.
“Una sociedad democrática y de derechos, donde las y los jueces sean garantes efectivos de los derechos humanos, que fortalecen con su actividad nuestra institucionalidad y entorno de legalidad”.
Para el Rector de la Benemérita Universidad de Oaxaca, Mtro. David Martínez Pérez, la construcción de sociedades democráticas requiere, como condición imperativa, acceso real y efectivo a la justicia, a la administración de justicia en condiciones de igualdad y no discriminación.
“Y sin duda que eso supone que el ejercicio del Poder Judicial se apegue a lo que marca la Constitución Mexicana, y sin duda que también presupone la división de poderes y la interdependencia unos de otros”.
Acerca del seminario, dijo que le parece que para la comunidad jurídica representa un punto importante para acrecentar su acervo de conocimientos, al escuchar la opinión de los integrantes de otras esferas, como los Ministros, así como la de los académicos.
En tanto que el Dr. José Luis Caballero Ochoa, director del Departamento de Derecho de la IBERO, universidad jesuita de la Ciudad de México, envió un “saludo a las confluencias”, a las confluencias en un tiempo complejo en el que “estamos siendo todos los días exhortados, de alguna manera, cuando no coaccionados, a la polarización, a la provocación”.
Opinó que la confluencia en el debate y la confluencia en iniciativas deben llevar a lo que el país necesita, que es acción. En este sentido, las y los jueces y juzgadores “están para actuar en democracia y actuar para la democracia”, lo que implica respetar los derechos de todas y todos, y empujar estos derechos hacia adelante.
