Published On: Mié, Feb 29th, 2012

Horacio Duarte y PRD generan violencia en Texcoco; Antorcha exige a Eruviel Ávila detener agresiones

El gobierno mexiquense,  por omisión, será responsable si la violencia física se incrementa.

El gobierno mexiquense, por omisión, será responsable si la violencia física se incrementa.

México, DF.- Homero Aguirre Enríquez y Jesús Tolentino Román Bojórquez, en representación del Comité Ejecutivo del Movimiento Antorchista, así como la dirigencia en el Estado de México, pidieron al gobierno del Estado de México, que encabeza Eruviel Ávila Villegas, detenga la violencia y el linchamiento que Horacio Duarte, Higinio Martínez y Constanzo de la Vega y su grupo del PRD en Texcoco, promueven contra habitantes antorchistas del Predio «El Pimiango», ubicado en ese municipio mexiquense.

En rueda de prensa en la Ciudad de México, Aguirre Enríquez, quien también es el vocero nacional, explicó que todos los antorchistas del país están listos para denunciar la política perredista, feudal y peligrosa, que amenaza y atenta contra la integridad moral y la vida de los habitantes de Texcoco, pues «Horacio Duarte es el principal orquestador del linchamiento verbal y físico contra las familias que son las legítimas propietarias del predio que hoy habitan y contra la organización en que militan, su actuación busca atraerle reflectores para posicionarlo en el pleito interno que protagoniza en pos de nuevos puestos públicos en Texcoco».

Asimismo, recordó que en días pasados el grupo perredista llamó a la violencia en el municipio, dónde cerró por más de 12 horas el acceso al municipio texcocano, en donde  incendiaron llantas para amedrentar a las familias; incluso se llegó a anunciar un desalojo violento.

En este sentido, enfatizó que el Gobierno del Estado de México debe poner un alto al clima de linchamiento y para esto se debe informar oficialmente la situación legal del predio, sin dejar ninguna duda sobre el carácter legal de la operación oficial que llevó a esas personas a vivir ahí: «ese predio es de uso habitacional y los legítimos y únicos dueños son los habitantes  de ese lugar», «bastaría con que algún funcionario del gobierno mexiquense respondiera oficial y públicamente que el terreno es propiedad de los que hoy lo habitan, para que no haya mayor problema».

Sin embargo, remarcó que el hecho de que el gobierno mexiquense se muestre indiferente deja ver complicidad, «el silencio absoluto del gobierno mexiquense en torno a las agresiones verbales y la incitación a expulsar de Texcoco a nuestros compañeros,  por parte de Horacio Duarte y su grupo perredista, nos deja ver complicidad por omisión».

Homero Aguirre recordó que el acuerdo de reubicación fue convenido el 20 de junio de 2011, por la Conagua, representada por su director general, Ing. José Luis Luege Tamargo, quien autorizó un monto de 30 millones de pesos para esta operación, y las autoridades del Gobierno mexiquense, quienes posteriormente entregaron legal y públicamente el nuevo predio a sus actuales ocupantes y son los responsables de cubrir toda la normatividad urbanística.

 La asociación de beneficiarios entregó al gobierno estatal la parte que le correspondía en el convenio respectivo. La evidencia de que esto es cierto son las declaraciones vertidas hace algunas semanas, del secretario de Desarrollo Urbano del Estado de México, José Alfredo Torres, quien dijo en una entrevista radiofónica: «El rancho Pimiango es una propiedad privada… que desde la administración del doctor Higinio Martínez se actualiza en su Plan de Desarrollo Municipal y es un predio que tiene uso habitacional… es una propiedad privada que adquiere el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, con recursos económicos que proceden de la federación y del estado».

En ese mismo sentido, Jesús Tolentino Román Bojórquez, señaló que entre las familias que habitan el predio de 38 hectáreas existe el temor de que las agresiones y ataques físicos suban de tono, sin embargo puntualizó que Antorcha Campesina se mantiene en la postura de no ceder a las provocaciones, ya que los respalda la legítima propiedad de los terrenos.

La organización social anunció que el próximo 6 de marzo, 20 mil antorchistas acudirán a Toluca para solicitar al gobernador del estado su pronta intervención, para evitar que la situación llegue a mayores, pues lo que los perredistas quieren es provocar al antorchismo y ocasionar una nota roja, «crear violencia y terror contra nuestros compañeros».

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