Published On: Lun, Feb 15th, 2021

Estudiantes de IBERO Puebla ejercen su Derecho a Disentir

  • Por primera vez, la Universidad Jesuita fue invitada a participar en el programa de televisión producido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La experiencia televisiva no es la misma desde que la COVID envió a una buena fracción de la humanidad a sus casas. Para las productoras de contenido audiovisual en directo, el teletrabajo supone transmitir de manera remota; de ahí que no podamos escapar de los ya conocidísimos mosaicos de videollamada ni siquiera cuando encendemos la pantalla o el televisor.

Aun así, la migración de los foros hacia las salas y recámaras ha tenido sus bondades. Por ejemplo, fue este formato el que permitió a estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la IBERO Puebla participar en el programa Derecho a Disentir de Justicia TV, desde casa.

Paulina Ross García fue la primera de un grupo selecto de estudiantes elegidos por sus profesores para desarrollar un tema en la mesa de debate. Entre las propuestas temáticas, seleccionó una sentencia de la SCJN que invalidó algunas disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción de Baja California por un conflicto con las garantías civiles.

La ley local de dicha entidad establece un comité integrado por quince ciudadanos, diez de carácter técnico y cinco de carácter honorífico. Estos últimos no recibían ningún ingreso y tampoco podían ocupar, durante su colaboración, algún otro empleo que impidiera el libre ejercicio de estos servicios. Esto vulnera el derecho al ingreso mínimo vital, el cual se deriva del principio de dignidad humana.

En la óptica de un México que busca garantizar la igualdad, el enfoque debería ser más amplio. “El derecho a acceder a las condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida digna y decorosa debería ser básico y para todos”, considera Paulina. La joven reflexiona también que los mecanismos anticorrupción, de los cuales toda la ciudadanía debe formar parte, han de vincularse a realidades más locales.

Mientras ella exponía su caso en el programa televisivo, su compañero Pablo Martínez Avilés preparaba la controversia de una madre que, entre 2004 y 2016, buscó justicia por la muerte de su hija de tres años a consecuencia de una infección. La menor contrajo varicela en el refugio al que acudió la mujer para escapar de la violencia doméstica de la que era víctima.

Al tratarse de un albergue auspiciado por la Secretaría del Desarrollo Social, la madre demandó el reparo del daño al Gobierno del entonces Distrito Federal; se fue a cinco amparos directos porque le ofrecían cantidades menores a las que exigía. Al final, la SCJN retomó el caso y decidió que la madre no tenía la culpa de que su hija muriera, por lo que se le dio una compensación por daño moral sin precedentes de 15 millones de pesos.

La trascendencia del caso recae en la capacidad de responsabilizar al Estado por tragedias producto de la negligencia y el mal manejo de espacios públicos. “Me quedo también con el daño que sufren diariamente mujeres que deben recurrir a este tipo de refugios. Esto sienta un precedente para rehabilitar los refugios de todo tipo”, reflexiona el alumno de la IBERO Puebla.

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Los estudiantes tuvieron una preparación corta pero intensa de la mano de profesores de asignatura para realizar sus intervenciones, revisar los antecedentes, explicar el problema y establecer sus perspectivas respecto a las resoluciones.

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Esta sentencia también refrenda la importancia del litigio con perspectiva de género. Este enfoque permitió a otra madre recuperar la patria potestad de su hija de diez años, misma que fue arrebatada por el padre bajo el argumentó que la mujer presentaba trastornos psicológicos y alimenticios.

Como desarrolló Paola María Valencia Velázquez en Derecho a Disentir, el análisis del caso bajo la mirada paritaria reveló que la expareja buscaba privar a la madre de su hija por motivos de venganza. Además, fue así que se pusieron factores claves sobre la mesa en términos de violencia: ella es diez años menor que él; la mujer no acabó sus estudios, mientras que el varón es doctor en Derecho.

La perspectiva de género implica que las autoridades censuren cualquier prejuicio o estereotipo en el ejercicio del poder. Siguiendo el ejemplo de esta sentencia, argumenta la alumna: “se pueden solucionar otros problemas y abrirles los ojos a los órganos jurisdiccionales sobre cosas que están ocurriendo y donde no se está haciendo justicia con perspectiva de género”.

Experiencia formativa

Los casos abordados se caracterizan por establecer criterios novedosos a situaciones que se enmarcan en un sistema de justicia constitucional contemporáneo. Luego de las primeras emisiones del show, el Mtro. Simón Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho, considera que la participación de los estudiantes de la IBERO Puebla se caracteriza por la reflexión crítica de un problema social.

Gracias a la participación de alumnos de diferentes escuelas y disciplinas, los jóvenes de la Universidad Jesuita tuvieron la oportunidad de convivir con sus congéneres que comparten el interés por la construcción de nuevas vías para llegar al bien común a través de la justicia.

Para Pablo Martínez, el debate frente a cámara fue una oportunidad de materializar uno de los retos que ha experimentó como colaborador en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE): la transmisión de ideas en clave universal. “Es importante alzar la voz en este tipo de espacios. Quizá uno tiene otras perspectivas de cómo podrían haberse hecho las cosas; de esa forma, se pueden proponer otras alternativas”, complementó Paola.