Sin tregua y con alta tensión y las manifestaciones en todo el país, este viernes se llevará a cabo la toma de posesión presidencial en Venezuela, en un contexto de alta conflictividad política.
El dictador Nicolás Maduro intentará usurpar el poder al asumir un tercer mandato como presidente ilegítimo en un acto respaldado por las instituciones serviles a su régimen, mientras Edmundo González Urrutia, reconocido como mandatario electo por gran parte de la comunidad internacional, promete regresar al país tras su gira por América, con el objetivo de asumir formalmente el liderazgo del Ejecutivo.
Venezuela enfrenta este viernes una de las jornadas más críticas de su historia reciente. Nicolás Maduro intentará usurpar el poder al asumir un tercer mandato como presidente ilegítimo en un acto respaldado por las instituciones serviles a su régimen, mientras Edmundo González Urrutia, reconocido como mandatario electo por gran parte de la comunidad internacional, promete regresar al país tras su gira por América, con el objetivo de asumir formalmente el liderazgo del Ejecutivo.
Durante seis meses, la comunidad internacional ha solicitado al régimen de Maduro que presente las actas electorales que respalden su victoria en los comicios del 28 de julio. Ante la falta de pruebas, la juramentación es vista como una reafirmación de un proceso electoral que fue manipulado por la propia dictadura, que se ha excusado alegando un “hackeo masivo” a los servidores del Consejo Nacional Electoral (CNE) proveniente de Macedonia del Norte.
El acto de juramentación está previsto para el mediodía (16H00 GMT) en la sede del Parlamento.
Su tercer mandato (2025-2031) le proyecta a 18 años en el poder, más que Chávez, que estuvo 14 en el palacio presidencial (1999-2013), y solo superado por el dictador Juan Vicente Gómez, que gobernó por 27 (1908-1935).
En los alrededores del legislativo y el resto de los poderes públicos, en el centro de Caracas, fueron desplegados centenares de agentes de seguridad fuertemente armados, parte de un plan de “defensa” de Maduro, que denunció nuevas conspiraciones en su contra que llevaron al arresto de dos estadounidenses -uno, supuestamente, agente del FBI- y una veintena de dirigentes y activistas a principios de semana.
A la ceremonia se espera la asistencia de delegaciones diplomáticas de países como Rusia, China y Bolivia, pero no de líderes de alto nivel. Ni siquiera los gobiernos de Brasil, México o Colombia, que intentaron mediar en el conflicto postelectoral, han reconocido oficialmente el triunfo de Maduro, enviando únicamente a sus embajadores.
Aunque el acto protocolar de Maduro debería ser el centro de atención, el foco mediático se ha desplazado hacia Edmundo González Urrutia, el presidente electo que cuenta con el respaldo de más del 60% de los votos, con el 85% de las actas verificadas por organismos internacionales como la OEA y el Centro Carter. Según estas actas, González logró una victoria contundente en los 23 estados del país.
González Urrutia ha manifestado su intención de regresar a Venezuela este viernes, tras su gira por las Américas, para asumir la presidencia, lo que ha generado especulaciones sobre sus posibles movimientos. Se habla de una juramentación simbólica en territorio venezolano o incluso de entregarse a las autoridades chavistas como un acto de desafío.
Las últimas 72 horas han estado marcadas por una fuerte represión contra la oposición. Las fuerzas del régimen han detenido a activistas, periodistas y familiares de figuras prominentes como González, cuyo yerno fue arrestado frente a sus hijos.
También se reportó la desaparición de Carlos Correa, defensor de la libertad de expresión y director de la ONG Espacio Público, y el encarcelamiento de Enrique Márquez, un candidato opositor que impugnó el proceso electoral y exigió al régimen la publicación de las actas de votación.
Este jueves, la líder opositora de Venezuela María Corina Machado reapareció después de meses de clandestinidad debido a la persecución de la dictadura. Convocó a sus seguidores a movilizarse en Caracas, pero fue secuestrada por agentes de inteligencia. Horas después fue liberada.
“Hoy toda Venezuela salió a la calle”, celebró Machado ante centenares de seguidores, con quienes antes cantó el himno nacional. “¡No tenemos miedo!”, expresó.
El régimen chavista calificó de “invento” y “mentira” su secuestro. Su equipo político luego reportó que fue “retenida por la fuerza” y luego liberada.
La fiscalía lo tildó de “operación psicológica”.
“Si la decisión fuera detenerla, ya estuviera detenida”, dijo por su parte el llamado número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
El incidente fue condenado por países como España, Colombia y Chile. Trump calificó a Machado y a González Urrutia como “luchadores por la libertad”.
Machado informó en redes que este viernes explicaría lo ocurrido “y lo que viene”. “Yo estoy ahora en un lugar seguro y con más determinación que nunca”, escribió en la red social X.
Reforma constitucional
En el poder desde 2013, ungido por el fallecido Hugo Chávez, Maduro ha gobernado con mano de hierro con apoyo de la Fuerza Armada.
“El sector militar es aún más crucial de lo que ya era antes de la elección para decidir si permanece el gobierno de Maduro o si se abre la posibilidad de una transición”, explicó a la AFP Mariano de Alba, abogado especialista en relaciones internacionales.
González Urrutia ha llamado a los uniformados a reconocerlo, pero el ministro de Defensa servil a Maduro, Vladimir Padrino López, ha jurado “lealtad absoluta” a su dictador.
El mandatario electo de Venezuela visitó el jueves República Dominicana, última escala de una gira internacional que debía culminar en un vuelo privado a Caracas para intentar jurar por la presidencia. No hay información de esa u otra estrategia.
Mientras, Maduro promete un tercer mandato de “paz” y recuperación económica, tras pasar buena parte de sus 12 años en el poder en recesión, alta inflación y escasez. Más de siete millones de venezolanos migraron huyendo de la crisis, según la ONU.
En el horizonte, eventuales nuevas sanciones con la llegada de Trump, que en su primer gobierno impuso un embargo petrolero.
Y de cara al próximo sexenio, propone una “gran reforma” a la Constitución, que sigue el camino de la aprobación de nuevas leyes que, según expertos, merman las libertades.
