Published On: Mié, Ago 10th, 2011

Lo que nos faltaba

 

Irremediablemente, México y su lucha contra el narcotráfico, la inseguridad y el crimen organizado se perciben cada vez más vulnerables y desorganizados a la hora de aplicar las estrategias y proyectos que se articulan desde los altos mandos del poder.

Cinco años ya pasaron desde que este gobierno federal prometió combatir la criminalidad en el país, mediante el apoyo de las fuerzas armadas, el fortalecimiento de la infraestructura policiaca, el apoyo a la creación de nuevas policías estatales, mayor preparación de los agentes y la mejora de los estándares de operación, a fin de sustituir los pequeños y endebles cuerpos de seguridad municipales.

Las intensiones son buenas, no obstante la realidad alarmante que se vive en la Ciudad de México se ha extendido a distintos estados de la República, multiplicándose los actos de violencia, las redes del narcotráfico y los grupos de delincuencia, mientras la injusticia e impunidad por parte de nuestras autoridades refleja la incompetencia de sus acciones.

Así, por un lado el escaso número de agentes policiales –tan sólo 20- con que cuentan más de la mitad de las corporaciones municipales en el país, y por otro, los ineficientes y débiles enlaces que existen entre las autoridades federales, estatales y municipales para bajar los proyectos, los recursos y mantener ese vínculo estrecho de trabajo para lograr avanzar de forma coordinada y oportuna.

Esta falta de coordinación y trabajo conjunto de las dependencias del gobierno federal con las del resto del país, hoy mantiene retenidas las partidas del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal –Subsemun- a 156 ayuntamientos y las 16 delegaciones del Distrito Federal por el incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y las reglas de operación del propio subsidio.

Puebla, afortunadamente se encuentra entre los 48 ayuntamientos que cumplieron con todos los procedimientos administrativos para tener acceso a los mil 607 millones de pesos para labores anticrimen que se disponen en esta etapa para los 220 beneficiaros registrados en el programa 2011.

Sin embargo, el 78% de los ayuntamientos incumplidos cuentan con un plazo de 10 días hábiles para ponerse al corriente y reactivar los recursos que serán canalizados para equipamiento y profesionalización de los cuerpos policiales, mejoramiento de infraestructura y desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito.

Pese a ello, es necesario entender que la población exige y con legitimidad, tener a su lado una fuerza pública honesta, una fuerza pública comprometida, una fuerza pública con responsabilidad, que se preocupe de su defensa, de los bienes y de la familia. Por lo que el deber primordial de un gobierno es defender a sus gobernados.

Ahora es cuando hay que trabajar a marchas forzadas y hacer hasta lo imposible por lograr recuperar los jugosos recursos de esta partida. Mientras que, insisto, las dependencias correspondientes del gobierno Calderonista hacen nada o muy poco por vigilar el cumplimiento de los requisitos para tener acceso a dichos beneficios.

A estas alturas, ya es muy tarde querer poner en orden a los más de 170 municipios, y más tarde aún para lograr que cobre efecto la aplicación de dichos recursos en el tema de la seguridad nacional. No queda más que exigir el doble de esfuerzos a nuestras autoridades para lograr los resultados favorables que la población merece.

Considero que en cada integrante de las fuerzas armadas, en cada policía ministerial y de seguridad pública estatal y municipal, descansa la esperanza, la confianza de miles de ciudadanos, aquí y en todo el país. Es por ello que trabajar con estrategia, rumbo y decisión política, es lo menos que se debe hacer para alcanzar la paz y armonía que demanda la sociedad.

*Secretario Adjunto a la Presidencia del CDE PRI Puebla.

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.