El gobierno y la sociedad mexicana, deben reflexionar sobre la aplicación de la pena de muerte, en caso de delitos graves y excepcionales

Tomando en cuenta el grave estado de inseguridad, que se está viviendo en nuestro país, con matanzas en la población de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, así como otros estados de la República, homicidios y feminicidios con todas las agravantes, tal como sucedió en nuestro estado y el reciente  linchamiento a un joven Abogado en una población del Municipio de Huauchinango Puebla, dando como resultado más de ciento veintiún mil homicidios dolosos, únicamente en lo que va del presente sexenio, es necesario plantearse nuevas estrategias  para el combate al crimen organizado, y entre ellas se podría repensar o reflexionar, por parte de los actores políticos en nuestro país, con el consentimiento de la población mexicana, la aplicación de la pena de muerte en el caso de delitos graves y excepcionales.

Después de la Revolución Mexicana de 1910, que dejó un saldo de fallecidos por muertes violentas, de un millón de personas, el Constituyente de Querétaro en el año de 1917, reconoció la pena de muerte como necesaria y conveniente para pacificar al país.

El artículo 22 de nuestra Constitución de 1917, originalmente establecía lo siguiente en su párrafo tercero: “Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario el plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar”.

Con la evolución de los derechos humanos en nuestro país y el respeto total a la vida humana, se suprimió la pena de muerte en nuestro país, al ratificar el Senado de la República la Convención Americana de los Derechos Humanos en el año de mil novecientos ochenta y por sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en San José de Costa Rica.

La Corte Interamericana ha establecido regulaciones y restricciones a la pena de muerte, permitiendo excepcionalmente la aplicación de este tipo de pena siempre y cuando se cumpla con el debido proceso y todas las formalidades previstas en las leyes penales y procesales de cada uno de los estados miembros de la OEA.

El poder constituyente permanente mexicano, tiene la obligación de analizar y profundizar sobre la aplicación de la pena de muerte en nuestro país, pues existen delincuentes que, por su peligrosidad, convicciones morales y éticas, el estado no puede ya reinsertarlos a la sociedad, siendo necesario convocar a un parlamento abierto, para que la sociedad en su totalidad exprese su sentir.

En este parlamento abierto se debe escuchar las voces de las personas que tienen familiares desaparecidos, que ya suman más de cien mil; de las mujeres y niñas y de aquellos familiares que han sufrido un feminicidio; también de aquellas poblaciones que constantemente están sujetas a matanzas de sus habitantes por el crimen organizado.

El derecho a la vida, según tribunales internacionales y nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, han establecido que no es un derecho absoluto y se han dado casos de excepción como lo es el aborto o la interrupción del embarazo, entre otras.

En este planteamiento, se debe sopesar el valor de la vida de los delincuentes, con el valor de la vida de todos los mexicanos de bien y de esa manera concluir si es necesaria adoptar esta medida extrema por un tiempo determinado.

En los Estados Unidos de Norte América, son veintisiete estados los que contemplan este tipo de pena  y únicamente por lo que se refiere a la Comisión de homicidios en forma agravante, siendo estos los siguientes: Alabama, Arizona, Arkansas, California, Carolina del Sur, Carolina  del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvania, Tennessee, Texas, Utah, Wyoming.

Por otra parte, de adoptarse en nuestro sistema jurídico la pena de muerte, se requiere de Fiscales y Jueces de excelente preparación jurídica, honorables e incorruptibles.

Finalmente, especialistas en derechos humanos señalan que ya no es posible que en nuestro país se dé un retroceso con la aplicación de la pena capital, en virtud de que una de las características de los derechos humanos es su progresividad, de tal forma que, al haber sido abolida en México, esta ya no se puede volver a aplicar.

M.D. MIGUEL ÁNGEL TEJEDA ORTEGA.