+ LO ACUSAN DE PRESION A MAGISTRADOS Y JUECES
+ EL ACUERDO FUE SUSTRAIDO DE LA SCJN
Fue un bombazo informativo el sábado pasado.
… ¡y ya!
Ayer domingo perdió interés periodístico… ¡aparentemente!
Sólo aparecieron, en primera plana de un diario nacional, El Universal de México, las candidatas a la Presidencia de la República, pronunciándose al respecto:
La de oposición doña Xóchilt Gálvez Ruíz, exigiendo a don Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que rinda cuentas.
La oficialista doña Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a serenarse ante pesquisas de la SCJN.
Y se acabó… ¡aparentemente!
Porque se trata de un asunto grave para los mexicanos antes, durante y después de cualquier proceso electoral.
Sí, aparentemente es algo inédito en la vida democrática de la República.
Sí, en lo que refiere a administración de justicia.
Pero, conozcamos la parte inicial del acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
“…Investigación J/108/2024
En nueve de abril de dos mil veinticuatro, Herbert Torres Coello, Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, da cuenta a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, con el escrito presentado de manera anónima, registrado con el folio 2687. Conste.
Visto el escrito de cuenta, presentado de manera anónima, mediante el cual denuncian al entonces Ministro Arturo Zadívar Lelo de Larrea, en su actuación como Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, y a otros sujetos de responsabilidad administrativa en el propio Consejo, por hechos que –se dice– tuvieron verificativo entre dos mil diecinueve y dos mil veintidós, fórmese y regístrese el expediente de investigación J/108/2024 del índice de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas…”.
Inicialmente se refiere al “… Ex ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en su actuación como presidente del Consejo de la Judicatura Federal… Vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros.
“… Ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones.
“… Las áreas del Consejo más usadas para presionar a jueces y magistrados fueron la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo del magistrado Jaime Santana Turral; la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González, ello a través de amenazas de declarar a los titulares culpables de responsabilidades administrativas, usando quejas existentes o inventando algunas.
“… A los magistrados, jueces y secretarios en funciones de juzgadores que presionó por conducto de personal bajo su mando fueron…”, y sigue una lista de más de 60 funcionarios judiciales federales, mencionando las conductas irregulares que se atribuye a cada uno.
Ahora bien.
Al parecer el Acuerdo de la la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de La Nación, fue sustraído, tres días después de su elaboración y firma, por personal del mismo máximo Tribunal del país para ser publicado, integramente, en Redes Sociales; y, un día después, sábado, ser noticia de ocho columnas en los principales diarios del país.
Esto nos lleva a un escenario lógico.
Sí, generar escándalo mediático y frenar la investigación en contra de los involucrados, tomando en cuenta que afectaría la campaña electoral oficialista a la Presidencia de la República.
Pero el escenario prospectivo no funcionó, ya que hacer público un asunto de extrema secrecía y de interés nacional, solo generó la necesidad impostergable de limpiar a fondo al Poder Judicial Federal.
Y no importa que se sea el ex Ministro en retiro; y, en funciones algunos Magistrados, Secretarios de Estudio y Cuenta, Jueces de Distrito y los que resulten responsables, en base al cúmulo de pruebas aportados por el anónimo denunciante.
Justo será que, en esta investigación, sean rehabilitados los funcionarios que no aceptaron presiones y fueron sancionados, como aquella Juez de Distrito (nos reservamos el nombre por motivos obvios) que optó por renunciar antes que ceder a caprichos sexuales.
El camino a seguir es escabroso y difícil.
Ya lo conoce la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
Baste decir que ha tenido el valor civil de no doblarse ante los caprichos y/o gentiles y respetuosas peticiones del titular del Poder Ejecutivo Federal; y, con ello, mantener la autonomía y exigir, con hechos, respeto al Poder Judicial Federal.
¿O no?
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APUNTES de tinta china
ARMENTA SI, CHEDRAHUI NO… Esa la consigna que corearon los miembros de la Organización Civil Causa Común por Puebla, que encabeza don Armando Blanco Osorio durante la reunión-desayuno que tuvieron con don Alejandro Armenta Mier, candidato de MORENA a la Gubernatura de la entidad… Se reiteró apoyo de 7 comités regionales, 28 Comités Distritales y 83 Comités Distritales… INFORMARON TAMBIEN que el voto útil en la capital poblana, será para el Candidato opositor a la Presidencia Municipal de Puebla, Mario Riestra, quien ha demostrado mejores resultados, conforme al acuerdo del 17 de marzo de la citado organización… Es otra cosecha más del sembradío de exclusión de José Chedrahui Budib, dice insidioso mi compadre Norberto, incipiente analista político… Y, ¡¡BASTA YA!!… por hoy.
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Para comentarios, mail: jrafael_oliver@yahoo.com.mx MD José Rafael Velasco Oliver
