Todo hace suponer que el primer ejemplo sobre transparencia pública y el que nadie está por encima de la Ley, se aplicará al presidente municipal del municipio de de Tlatlauquitepec, por no comprobar un monto aproximado de 20 millones de pesos destinados a obra pública.

Esto se deriva de informe del Congreso del Estado, donde se da a conocer que por no justificar un monto aproximado de 20 millones de pesos destinados a obra pública, se inició el proceso para destituir a Porfirio Loeza Aguilar, alcalde de dicho municipio.

Ayer, el Poder Legislativo, a través de un procedimiento de revocación impulsado por el panista José Ángel Guerrero, inhabilitará al presidente municipal quien había estado protegido por un amparo.

Se dijo, que Loeza Aguilar, incluso ya había fungido como alcalde de la misma demarcación durante el trienio 2005-2008, sin embargo en el ejercicio correspondiente a 2006 reveló diversas anomalías que fueron sancionadas por la pasada Legislatura con una inhabilitación por 11 años para ocupar cualquier cargo público.

Ante esto, Porfirio Loeza tramitó un recurso de amparo y se postuló nuevamente en el pasado proceso electoral con el que se renovaron las 217 alcaldías, las 41 diputaciones locales y la gubernatura, tras el cual resultó electo nuevamente como edil de Tlatlauquitepec.

Lo que el edil no esperaba, es que el pasado 11 de mayo le fuera negado en definitiva el amparo federal que evitaría las sanciones impuestas por el Congreso local contra su primera gestión como edil en el periodo 2005-2008.

Fue el diputado José Juan Espinosa Torres, dirigente estatal del partido Convergencia y diputado local, quien explicó esta situación y sentenció que su instituto político no intervendrá a favor de Loeza pues existen pruebas contundentes de su mal actuar, y el el punto fue turnado a la Comisión Inspectora donde se analizará el expediente del funcionario para determinar la sanción que amerita.

El legislador convergente, agregó que: desconocía la fecha que el Poder Legislativo tiene para suspender al edil, pero aseguró que el legislativo no desacatará este mandato pues es la mejor muestra de que con el nuevo gobierno no hay lugar para la impunidad.

Enfático refirió: “No hay un plazo definitivo, pero por supuesto que hay elementos suficientes para evitar una sanción a los integrantes del Poder Legislativo, debemos dar cumplimiento a ese mandato. Las observaciones son por recursos federales por la construcción de una carretera, se le había inhabilitado por 11 años, por daño patrimonial”.