Washington.- La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó hoy las apelaciones presentadas por dos localidades de Texas y Pennsilvania que trataron de implementar fuertes medidas contra los inmigrantes.
Desde 2012 la máxima instancia judicial ha reiterado que los asuntos de inmigración son en lo fundamental un tema de entidades federales, no de gobiernos locales, destacó la cadena televisiva NBC News.
La ciudad de Hazleton, en el noreste de Pennsylvania, y de Farmers Branch, en Texas, dieron luz verde años atrás a ordenanzas que contemplaban multas para quienes alquilaban viviendas a personas indocumentadas.
De igual forma, las medidas negaban permisos a las empresas que les ofrecieran empleo, al tiempo que exigían a las personas que pretendían alquilar algún piso o local inscribirse en el ayuntamiento y pagar un permiso de renta.
Creo que las cosas son muy diferentes ahora de cuando comenzamos este caso. Lo que vemos es que muchas más ciudades y estados buscan formas de integrar los inmigrantes a sus comunidades, no excluirlos o convertirlos en delincuentes, afirmó el abogado Omar Jadwat, del Proyecto Derechos de Inmigración de la Asociación Estadounidense por los Derechos Civiles.
Varios estados del país, como Arizona, aprobaron en los últimos años leyes con una marcada hostilidad hacia las personas residentes de manera ilegal.
Desde 2010 la controvertida ley estatal SB1070 del sureño territorio incidió en el incremento de las deportaciones de indocumentados, mientras ha favorecido la legalización del perfil racial para efectuar detenciones, amparadas en la simple sospecha por parte de las autoridades de ser un presunto emigrante sin papeles, según organizaciones civiles.
En Estados Unidos cerca de 11,5 millones de ciudadanos aguardan por una reforma migratoria integral, entrampada en las agudas divergencias entre demócratas y republicanos en el Congreso.
Si bien en junio de 2013, el Senado federal aprobó una medida que avanza en el tema del otorgamiento de la ciudadanía, la mayoría republicana en la Cámara baja aboga por tratar el tema migratorio de manera fragmentada y sin posibilidades de optar por la naturalización.
Los del partido opositor presentaron semanas atrás varios principios para debatir una reforma y donde se mostraron favorables a legalizar a los indocumentados, pero sin derecho a optar por la ciudadanía al considerarla como la «entrega de un indulto» a quienes violaron la ley.
Aunque la iniciativa fue calificada como alentadora por parte de la Casa Blanca, Obama rechazó firmar una legislación que cree dos categorías diferentes de personas en el país.
Aún así, la actual administración demócrata deportó durante sus cinco años de gobierno a casi dos millones de personas indocumentadas, a un promedio anual de 400 mil personas, confirmó días atrás la Oficina de Inmigración y Aduanas.
