De febrero a la fecha la Procuraduría General de Justicia (PGJ), a través de la Fiscalía General Jurídica, de derechos humanos y atención a víctimas del delito, ha beneficiado a más de sesenta personas de naturaleza indígena vinculadas con algún procedimiento de tipo ministerial o judicial, labor que se ha realizado mediante programas de impulso al respeto de los derechos de los grupos indígenas y acceso a una impartición y procuración de justicia eficiente.
En el mismo sentido, la Dirección de Asuntos Indígenas de la PGJ realiza de manera permanente visitas a diferentes centros penitenciarios del estado para brindar orientación jurídica y revisar el estado que guardan los procesos de personas indígenas, esto a fin de apoyarlos haciendo uso de las siete lenguas que se hablan en las diversas regiones de la entidad siendo éstas Náhuatl, Totonaco, Mixteco, Tepehua, Mazateco, Otomí y Popoloca.
Además, personal de la PGJ ha sostenido reuniones interinstitucionales y con indígenas que se encuentran en los diferentes centros de reinserción social de la entidad, mediante lo cual se han obtenido al menos diez pre-liberaciones o en otros casos algunos internos han sido canalizados a Ceresos cercanos a su población de origen lo que permite que tengan una mayor cercanía con su familia.
Lo anterior fue dado a conocer por la Fiscal General Jurídica, de derechos humanos y atención a víctimas del delito de la Procuraduría de Justicia, Margarita María Guerra y Tejada, durante la clausura del Diplomado para la formación de intérpretes de lenguas indígenas en los ámbitos de procuración y administración de justicia.
En total, 23 hombres y 15 mujeres indígenas recibieron la certificación que les permitirá brindar asistencia a personas indígenas ante instancias ministeriales y judiciales.
Durante el curso, los participantes practicaron como intérpretes en la simulación de un juicio oral y procedimientos ministeriales, aunado a que aprendieron técnicas de interpretación de términos jurídicos y procedimientos penales, lo que permitirá que logren hacer comprender a los asistidos su situación legal y que de esa forma se respeten sus garantías.
Cabe señalar que el diplomado se realizó como parte de una alianza estratégica entre instancias como la Procuraduría de Justicia, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del estado de Puebla, Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de Asuntos Legales y Defensoría Pública, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Universidad Intercultural y la Comisión Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.
Los temas jurídicos fueron impartidos por agentes del Ministerio Público de la Procuraduría, defensores públicos, visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, además de Jueces penales y de ejecución de sentencias.
Al término de la ceremonia de clausura los diplomantes entregaron a los organizadores un documento que contiene el Código de Ética que regirá el ejercicio de su función como intérpretes de lenguas indígenas, así como las fichas terminológicas elaboradas por cada grupo lingüístico que permitirá una adecuada interpretación de los términos jurídicos a favor de los asistidos.
Estas acciones beneficiarán a habitantes de las Sierras Norte, Nororiente, Norponiente, Negra y Mixteca del estado, e incluso a algunas poblaciones cercanas a la capital poblana donde habitan personas hablantes de lenguas autóctonas.
