La Comisión Instructora que preside el diputado Fernando Sánchez Sasia (Morena) aprobó por unanimidad el Plan de Trabajo anual de este Órgano Colegiado que tiene como propósito, sustanciar los procedimientos para que el Pleno del Congreso pueda erigirse en gran jurado para declarar si es procedente o no la formación de causa de juicio político, declaración de procedencia o desafuero en contra de funcionarios públicos que hayan cometido algún delito del orden común.
Sánchez Sasia explicó que en caso de ser necesario la Comisión Instructora practicará las diligencias necesarias para comprobar la conducta o hecho de la denuncia, así como precisar la intervención que haya tenido el servidor público denunciado.
“La Comisión instructora, cuando se presente el caso, practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado. Si el gran jurado declara que hay lugar para proceder contra el presunto inculpado, éste será separado de su empleo o cargo y estará sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes”.
En este sentido, el diputado Gabriel Biestro Medinilla (Morena), aclaró que la Comisión sólo procederá en casos o denuncias puntuales en contra de funcionarios públicos que hayan cometido algún delito en caso de existir alguna solicitud de inicio de procedimiento de juicio político o declaración de procedencia o desafuero que turne la Mesa Directiva.
Asimismo, las y los diputados integrantes de Comisión Inspectora aprobaron el calendario de reuniones ordinarias del Órgano Colegiado para cumplir con sus funciones, para lo cual sostendrá por lo menos una reunión mensual, de acuerdo a las siguientes fechas: 23 de enero, 11 de febrero, 11 de marzo, 15 abril, 10 de junio, 21 de junio, 15 de julio y 12 de agosto de 2019 cuando concluye el periodo legislativo.
En este sentido, la diputada Roció García Olmedo (PRI) solicitó se complemente el calendario de reuniones, de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año en curso.
Durante la sesión, las diputadas Olga Lucía Romero Garci Crespo (Morena) y Leonor Vargas Gallegos (Morena), así como el Diputado Raymundo Atanacio Luna (PT), refrendaron el compromiso para trabajar y enriquecer el plan de trabajo que permita actuar en contra de los funcionarios públicos denunciados.
