Washington.- El sistema de encarcelamiento masivo de inmigrantes en Estados Unidos, en particular de mujeres y niños que huyen de la persecución en América Central, es inmoral, plantea hoy un editorial del diario The New York Times.
Señala el rotativo que de todas las cosas que funcionan mal en el roto sistema migratorio del país, el menos defendible es el sistema de detención integrado por una vasta red de cárceles y prisiones donde se amontonan los indocumentados para asegurarse que comparezcan ante las cortes migratorias.
En la práctica, señala, el actual aparato engendra crueldad y daño, y despilfarra el dinero de los contribuyentes, y les niega a sus víctimas el debido proceso legal, al castigarlos mucho más allá de la escala de cualquier delito.
Precisa el Times que la directora del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Sarah Saldaña, anunció el miércoles una serie de reformas al sistema de detención de la familia.
Esto, señala la publicación, se debe a las quejas de defensores y la prensa por los abusos dentro de los recintos penitenciarios.
El editorial del diario neoyorquino puntualiza que es hora de poner fin a la detención en masa, sobre todo de las familias, eliminar el actual sistema y reemplazarlo con algo mejor.
Al respecto, un nuevo informe de la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos y el Centro de Estudios Migratorios aborda el aumento de la población encarcelada en los centros del sistema de detención de 85 mil en 1995, hasta 440 mil en 2013.
Esto se atribuye al alza de la represión estatal y locales de inmigración, a programas federales como Comunidades Seguras y a la inundación de dinero aprobado por el Congreso para los operadores de prisiones privadas que se benefician de manera fructífera de la criminalización de los inmigrantes.
Entre otros problemas que afectan el andamiaje, el Times señala que a finales de marzo, existían cerca de 442 mil casos pendientes ante los jueces de inmigración y que en promedio un inmigrante detenido debía esperar 599 días para ser escuchado, con lo que se niega a las víctimas el debido proceso de ley.
