Es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión para evitar nuevas tragedias ambientales, lo que incluye el reforzamiento de las políticas públicas de prevención, a través de mayor presencia de las autoridades de diversos niveles de gobierno en la industria minera del país.
Así lo manifestó el Procurador Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez, quien señaló que ya se toman las medidas respectivas tras el derrame registrado en la mina «Dos Señores», en el municipio de La Concordia, Sinaloa.
Explicó que el jueves pasado se presentó el rompimiento de una presa de jales en dicha mina, lo que provocó el derrame de más de 10 mil toneladas de residuos sólidos y líquidos, los cuales cubrieron casi un kilómetro río abajo de donde se encontraba la presa.
«Afortunadamente tampoco hubo víctimas humanas y estamos ya tomando las medidas respectivas para mitigar el daño y obligar a la empresa a remediarlo», indicó al dictar la conferencia «Inspección Ambiental Federal en la Industria Minera en México», en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Toluca.
Respecto a la mina de Buenavista del Cobre, enfatizó que la dependencia que encabeza vigilará cada una de las acciones pendientes que tiene la empresa, como la presentación del Programa de Remediación, cuyo plazo vence a finales de noviembre; así como el Diagnóstico del sitio, que tendrá que entregarse antes de que concluya el presente mes.
Ante alumnos de esta casa de estudios, el titular de la PROFEPA presentó un balance sobre las acciones emprendidas por el Gobierno Federal tras el derrame ocurrido en los ríos Bacanuchi y Sonora, donde aseveró que inicialmente se determinó que el daño ambiental en los siete municipios afectados puede llegar a más de mil 800 millones de pesos.
Respaldó la propuesta de la Comisión de Diputados que planteó la creación adicional de un Fondo de Desarrollo Regional por 5 mil millones de pesos, que contribuya a la modernización de la infraestructura en materia carretera, sanitaria y turística en los municipios afectados tras el derrame que dañó a más de 25 mil personas de siete municipios.
«Nosotros somos partidarios de este fondo; estaremos empujando también para obligar a la empresa minera, a que constituya un Fondo de Desarrollo Regional que incorpore la actualización, la modernización de la zona, y que las minas efectivamente tengan también un beneficio económico para los habitantes de la zona donde se instalan», apuntó.
Asimismo, mencionó que la PROFEPA ha recomendado a la Secretaría de Economía impulsar modificaciones a la Ley minera con el fin de que, antes del otorgamiento de una concesión, se garanticen tres cuestiones: que la mina sea una empresa socialmente responsable; que cumpla voluntariamente con la legislación ambiental; y que se comprometa a que el beneficio de la extracción de nuestros minerales se destine una parte para los pobladores de la zona donde se extraen, lo que contribuiría al fortalecimiento del desarrollo regional.
El Procurador Federal de Protección al Ambiente recordó que en el país existen mil 252 minas legalmente establecidas. Indicó que de acuerdo con las cifras con que cuenta la PROFEPA, una de cada 20 tiene un riesgo potencial, lo que significa que existen 62 minas en el país que se vigilan permanentemente.
