En Puebla el 95 por ciento de los delitos quedan impunes y solo el 5 por ciento paga un costo, así lo reveló el titular de la Secretaría General de Gobernación Fernando Manzanilla, quien anunció la ejecución de una reforma judicial para combatir esta deficiencia en la aplicación de las leyes, pero también el hacerla llegar a los penales, pues reconoció que varios de los que ahí compurgan penas son inocentes.
Será a través de una revisión y actualización de la administración y procuración de justicia que busca adecuarse de acuerdo a las reformas constitucionales judiciales realizadas en 2008, se espera combatir la corrupción, establecer -por fin- los juicios orales, transparentar los procesos judiciales garantizando los plenos derechos de víctimas y acusados y la aplicación de lo justo y setiene como fecha el próximo 15 de abril para entregar a la federación tales reformas para el correspondiente apoyo económico.
Pero Manzanilla Prieto prosiguió en sus comentarios sobre la importancia de estos propósitos que de entrada dijo no serán fáciles, pero no se puede seguir sin que se modifique el sistema penal, «por ello la reforma constitucional que se dio en 2008, es, sin duda, la mas importante desde la Constitución de 1917».
Se buscará fortalecer las instituciones en la procuración de justicia y de la seguridad pública. Así mismo se busca dar satisfacción a las aspiraciones legítimas de la sociedad y de contar con una forma procesal eficaz, transparente que reduzca la tasa de impunidad que tenemos.
En esta reforma que el Gobierno del Estado se propone, busca además de modernizar los sistemas y procesos judiciales, el superar las deficiencias y engaños en los que la administración pasada provocó al ocular la realidad sobre el nivel de delincuencia en nuestra entidad y así, por ejemplo, en el robo de autos solo se daba cuenta de una mínima parte, cuando se ha descubierto que son cientos de vehículos los que mensualmente son robados en Puebla.
Se dio así una falsa imagen de Puebla un Estado seguro y cuando trascendieron casos graves, se les justificó señalando que eran casos asilados y fue tan repetitiva esta declaración que la sociedad se burló de sus autoridades por calificar todo delito como caso aislado.
